Alejandro Pérez Ibarra, secretario general de Morena, reconoció la madurez del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, al haber cancelado definitivamente la venta de 12 predios, al señalar que atendió la demanda de la ciudadanía y rectificó una decisión que había generado inconformidad.
El dirigente morenista sostuvo que la determinación fue resultado de la organización de colectivos, activistas y vecinos que se pronunciaron en defensa de las áreas verdes y espacios públicos contemplados en el acuerdo de desincorporación aprobado por el Ayuntamiento.
Privatización
Afirmó que Morena respaldó desde un inicio las demandas ciudadanas para impedir la venta de los terrenos, al considerar que su destino original debía mantenerse para parques, escuelas, mercados y otros equipamientos comunitarios, además de señalar que la enajenación representaba una privatización del patrimonio municipal.
Pérez Ibarra cuestionó la justificación que inicialmente presentó el gobierno municipal para vender los predios y aseguró que el incremento del gasto corriente durante el último año generó dudas sobre la necesidad de obtener recursos mediante la venta de inmuebles públicos, particularmente con el proceso electoral tan próximo.
Regidores de Morena, a favor
Respecto a la actuación de dos regidores de Morena que votaron a favor del acuerdo de desincorporación (Rosa Corral y Jorge Cevallos), informó que el Comité Estatal solicitó una explicación sobre el sentido de su voto e indicó que, de acuerdo con la información proporcionada por los propios regidores, el documento contenía imprecisiones y ambigüedades que influyeron en su decisión.
Sin sanciones
Precisó que el partido no cuenta con facultades para imponer sanciones a los regidores, por lo que cualquier procedimiento correspondería a los órganos internos competentes en caso de presentarse una queja formal. En este sentido, el secretario general reiteró que los representantes populares deben privilegiar los intereses de la ciudadanía y recordó que Morena mantiene como principios no respaldar la privatización de servicios públicos, incrementos salariales superiores a la inflación ni la contratación de deuda que no esté plenamente justificada.
Finalmente, consideró que el caso de los 12 predios marca un precedente para que los gobiernos municipales incorporen con mayor amplitud la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público.