En medio del proceso legal por el accidente del autobús ocurrido el pasado 22 de abril en la carretera 310, a la altura de La Muralla, surgieron señalamientos por presuntas irregularidades en la atención e indemnización a las víctimas, así como abusos por parte de prestadores de servicios funerarios, compartió el presidente municipal de Amealco, Óscar Pérez Martínez.
Informó que el gobierno local ha detectado inconformidades entre las familias afectadas, principalmente relacionadas con el incumplimiento de promesas por parte de aseguradoras y terceros que ofrecieron apoyos.
El edil explicó que, tras recorrer las comunidades y visitar a los deudos y lesionados, se documentaron casos en los que funerarias habrían ofrecido servicios gratuitos que posteriormente fueron cobrados hasta en 50 mil pesos, y advirtió que se analizará proceder legalmente contra quienes resulten responsables de engaño.
Asimismo, señaló inconsistencias en la atención médica a lesionados, algunos de los cuales fueron dados de alta de hospitales privados sin haber concluido su recuperación, pese a presentar lesiones de consideración.
«Sabemos que lo que es el tema de los ataúdes, los traslados, algunos eligieron aceptar el apoyo de la empresa, algunos prefirieron aceptar el apoyo del municipio. Los acompañamos hasta que llegaron a sus domicilios. Hoy, sorpresivamente, sí quiero decir que aquellos apoyos que dijeron que iban a ser gratuitos algunas funerarias y que abusaron y que hicieron uso del dolor de nuestro municipio, pues hoy salen con que va a costar $50 mil pesos ese apoyo que es igual al que se dio aquí en el municipio con menos montos. Ayer estuvieron allá en el proceso legal que se llevó en San Juan del Río y esos comentarios desalentaron mucho y generaron molestias y con justa razón a la gente porque fueron engañadas primero por algunos que por querer promocionar sus negocios, pusieron que eran gratuitos. Yo tuve la fortuna de hablar a una este funeraria para preguntarle que si realmente lo que ofertaban era gratuito y ya me contestaron: ‘No, nosotros vamos a cobrar solo $8 mil pesos este y lo único que cobramos es el traslado; el ataúd es gratuito’, y resulta que fue un engaño. Entonces, pues yo allí sí llamo a las autoridades, que llamen a la justicia también a esas personas que, abusando del dolor, quieran hacerse promoción «, destacó Óscar Pérez Martínez.
El alcalde anunció que el Ayuntamiento aprobó la asignación de una bolsa de 300 mil pesos para respaldar a las familias de las personas fallecidas, y de este monto, se entregarán 25 mil pesos a cada una de las 10 familias afectadas.
Detalló que este apoyo es independiente de las indemnizaciones que deberán cubrir la empresa transportista y su aseguradora, a quienes reiteró su responsabilidad legal en la reparación integral del daño.
En cuanto a los lesionados, reconoció que aún no se cuenta con un padrón completo, debido a que varios heridos fueron trasladados por sus propios medios a distintos hospitales; por ello, hizo un llamado a quienes no estén registrados a acercarse al municipio para integrarlos y canalizar apoyos, principalmente en medicamentos y alimentación.
El edil respaldó el reclamo ciudadano en torno a que no se responsabilice únicamente al operador del autobús, sino también a la empresa concesionaria y a la aseguradora.
Agregó que, según testimonios de usuarios, el conductor ya había sido señalado previamente por conducir a exceso de velocidad, lo que, de confirmarse, evidenciaría fallas en los mecanismos de supervisión.
Otro de los puntos señalados fue la falta de información oportuna sobre la audiencia judicial, así como la ausencia de intérpretes para integrantes de comunidades indígenas, lo que habría limitado su comprensión del proceso.
En ese sentido, el gobierno municipal aseguró que brindará acompañamiento jurídico y, de ser necesario, apoyo con traductores de lengua otomí para futuras diligencias.
Finalmente, Pérez Martínez reiteró que el municipio continuará respaldando a las víctimas, aunque insistió en que la reparación integral del daño corresponde a la empresa y a las instancias legales competentes.
