Familiares de las víctimas del accidente ocurrido el pasado 22 de abril en la zona de La Muralla, así como habitantes de la comunidad de San Ildefonso, manifestaron su inconformidad tras la determinación judicial que permitió al operador del autobús enfrentar su proceso en libertad, bajo una fianza de 50 mil pesos y otras medidas cautelares, considerando además que ya tenía antecedentes de incidentes previos.
Durante un posicionamiento público, los afectados señalaron que la resolución no corresponde a la magnitud de la tragedia, en la que 10 personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas.
De acuerdo con el abogado Abraham Echez, familiar indirecto de una de las víctimas, en la audiencia inicial el Ministerio Público imputó al operador por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas, presentando diversos datos de prueba como peritajes, certificaciones médicas y testimonios.
El juez determinó vincular a proceso al imputado, fijando un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria e imponiendo medidas cautelares como la firma periódica, la prohibición de conducir transporte público, vigilancia y una garantía económica de 50 mil pesos, sin embargo, los familiares consideraron que dichas medidas son insuficientes.
Argumentaron que la gravedad del caso, el número de víctimas y el impacto social requieren sanciones más estrictas, como la prisión preventiva justificada, al considerar que existe riesgo de fuga y falta de garantía de que el imputado enfrente el proceso, al tiempo que anunciaron que buscarán impugnar las medidas cautelares.
Además, acusaron posibles fallas estructurales en la supervisión del transporte público, al señalar que el operador ya habría estado involucrado en incidentes previos, lo que evidencia negligencia tanto de la empresa como de las autoridades encargadas de regular el servicio.
Los manifestantes también exigieron una indemnización justa para las familias afectadas, muchas de las cuales perdieron a su principal sustento económico.
Por otra parte, pusieron en entredicho el proceso de la audiencia y la determinación del juez, dado que no hubo intérprete en la misma.
Asimismo, cuestionaron al gobierno estatal sobre los mecanismos de control en el transporte público y demandaron que se garantice que una tragedia de esta magnitud no vuelva a ocurrir.
Tras reunirse la subsecretaria de Derechos Humanos del estado, Marisol Kuri Lorenzo con los afectados, informó que las autoridades mantienen acompañamiento a las víctimas y sus familias, además de coordinación con la empresa responsable para atender necesidades médicas, alimentarias y legales.
Indicó que también se trabaja en garantizar intérpretes para integrantes de la comunidad indígena en futuras audiencias, tras señalamientos de posibles omisiones en el debido proceso.
Reiteró que el gobierno estatal continuará brindando seguimiento al caso y apoyo integral a los afectados, mientras las familias insisten en que la justicia debe ser proporcional a la gravedad de los hechos.