Se debe priorizar la legitimidad de las personas juzgadoras, la carrera judicial y la no intervención de los partidos políticos en el proceso judicial local, consideró la magistrada Gabriela Nieto Castillo durante el ciclo de análisis de la elección judicial.
El nuevo modelo de designación de jueces y magistrados representa un cambio estructural que obliga a replantear la forma en que se construye la legitimidad dentro del Poder Judicial, la cual históricamente se ha basado en la solidez de las resoluciones y en la trayectoria profesional, concordaron los participantes.
Durante el análisis, en el que participaron también Daniel Dorantes, presidente de la Comisión Jurídica del IEEQ, el magistrado Carlos Eguiarte, la magistrada América Uribe y Carlos Rentería, se señaló la necesidad de garantizar que la implementación de la elección de personas juzgadoras no afecte la independencia judicial, por lo que se planteó como prioridad mantener criterios técnicos en la selección de perfiles, así como preservar la experiencia acumulada dentro de la carrera judicial.
«Uno de los retos que tiene el órgano administrativo electoral, me parece que el reto que tienen ustedes, consejeras, consejeros y todo el personal, es muy grande. Estamos por enfrentar una elección muy complicada, la integración de ambas cámaras y distintos órdenes de elección. Este, eso tenemos que reconocerlo y es uno de los retos que se enfrentan. El tener muy clara la no participación de los partidos políticos. Y otro punto muy importante es: ¿cómo garantizar?, eso lo tenemos que discutir, ¿cómo garantizar que la experiencia judicial, la carrera judicial, la trayectoria judicial se traslade a este modelo? Sí la debemos priorizar porque no es una trayectoria que se construya de un día para otro, implica mucho tiempo, implica mucha formación», resaltó Gabriela Nieto Castillo.
Participación
También se advirtió que uno de los principales retos del nuevo esquema será equilibrar la participación ciudadana con la especialización jurídica, en un contexto donde las decisiones judiciales requieren interpretación compleja y formación profesional sólida, además de la incorporación de enfoques como derechos humanos y perspectiva de género.
En este sentido, se destacó que la reforma implica no solo cambios normativos, sino también una transformación en la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía, que ahora demanda mayor cercanía, transparencia y comprensión de las resoluciones.