La presidenta estatal del PRI, Abigail Arredondo Ramos, expresó dudas sobre la veracidad y el alcance de la consulta pública que impulsa el Gobierno de México para definir los lineamientos en materia de Derechos de las Audiencias, al considerar que el proceso podría convertirse en un mecanismo de control sobre los medios de comunicación.
La dirigente priista señaló que, desde la discusión de las reformas en materia de telecomunicaciones, su partido advirtió sobre las implicaciones de eliminar organismos autónomos y concentrar facultades regulatorias en instancias vinculadas al Gobierno federal.
Dijo que la consulta genera incertidumbre debido al contexto en el que se desarrolla, marcado por señalamientos de restricciones a la libertad de expresión y por el incremento de agresiones contra periodistas documentadas en el país. Por ello, cuestionó si el ejercicio realmente recogerá las opiniones de la ciudadanía y de los medios o si únicamente servirá para validar una decisión previamente tomada.
«Pues ellos no pueden ser juez y parte. Es lo que más les ha encantado y eso es una dictadura. Entonces hay que llamarle como es, una dictadura. Los gobiernos dictatoriales que nacen justo de una dictadura, eso son: convertirse en jueces y partes, controlarlo todo. No me gusta que este tribunal esté así porque no me gusta que me sancionen, no me gusta que me estén pidiendo a través de acceso a la información porque ¿qué les importa?, no me gusta que los periodistas y el ciudadano me piden información de todas estas grandes obras por eso las reservo a 10 años como un tema de seguridad. Todo eso pasa hoy a 8 años, no normalicemos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Que nos cambien también la ley para ya no tener elecciones democráticas y no salir a votar.», destacó Abigail Arredondo.
Transparencia
Arredondo Ramos también criticó que, mientras se promueve una regulación para los contenidos de radio y televisión, persistan problemas relacionados con el acceso a la información pública y con la reserva de datos sobre proyectos gubernamentales, lo que dijo, limita la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, indicó que el partido analizará las acciones legales y políticas que puedan emprenderse respecto a la consulta pública, aunque insistió en que la principal preocupación radica en garantizar que el proceso sea auténticamente abierto, plural y respetuoso de la libertad de expresión.