Luis Sierra, integrante de Netas Ciudadanas, informó que Querétaro se incorporó a la Red Nacional por la Vivienda, una organización apartidista que busca impulsar políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna.
Explicó que la adhesión responde a la preocupación por el aumento constante de los costos habitacionales, particularmente en zonas del estado donde el crecimiento urbano, la actividad turística y la llegada de nuevos residentes han encarecido las rentas y reducido las opciones para las familias locales.
Señaló que la red reúne a colectivos y organizaciones de distintas entidades del país que trabajan en la defensa del derecho a la vivienda y que entre sus principales objetivos están el promover alternativas habitacionales accesibles, fortalecer la participación ciudadana en las decisiones urbanas y generar propuestas que atiendan las necesidades de quienes enfrentan dificultades para rentar o adquirir un inmueble.
«Quienes impulsan esta red señalan que México vive la crisis de vivienda más profunda de las últimas décadas. Desde 2005, el precio de la vivienda se ha llegado a cuadruplicar en varias ciudades del país, mientras los salarios no han crecido al mismo ritmo. Esto significa que cada vez más las personas tienen más dificultades para acceder a un lugar digno para vivir. La red identifica tres fenómenos como los principales responsables de la crisis: la financiarización de la vivienda, la turistificación de los barrios y la gentrificación. Los tres tienen un mismo resultado: el despojo de la clase trabajadora. Frente a esto, la Renvi plantea, entre otras cosas, la creación de una ley inquilinaria que ponga límites reales a los aumentos a las rentas, la producción de la vivienda pública y asequible», informó Luis Sierra.
Objetivos
Añadió que buscan el establecimiento de límites a los incrementos de las rentas, con el propósito de evitar aumentos desproporcionados que obliguen a las personas a abandonar sus colonias o trasladarse a zonas cada vez más alejadas de sus centros de trabajo.
También plantea ampliar la oferta de vivienda pública y asequible, además de revisar las políticas de desarrollo urbano para evitar que el mercado determine por completo el acceso a los espacios habitacionales.
Finalmente, buscan reconocer a las personas sin techo como sujetos de derecho y no únicamente como beneficiarias de programas sociales o asistenciales. Por lo que quieren visibilizar las distintas formas de exclusión habitacional y promover acciones coordinadas entre autoridades, sociedad civil y comunidades para atender el problema de manera integral.
