La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya concluyó el análisis correspondiente al proceso administrativo sancionador relacionado con el presunto uso irregular de concesiones de agua en Querétaro, caso que involucra a la familia Calzada y que fue expuesto por el Gobierno federal durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el mes de marzo, declaró el delegado de la dependencia en la entidad, José Gerardo Sinecio Ríos.
Al respecto, mencionó que ya se encuentran en proceso de notificación al titular de la concesión para que pueda ejercer su derecho de audiencia, y aunque evitó detallar los hallazgos antes de que concluya la acción oficial, adelantó que ésta podría concretarse durante la presente semana.
«Sí, por supuesto. Ya hemos iniciado nosotros nuestro proceso administrativo sancionador y en estos días ya hemos terminado el análisis y ya tenemos la resolución del proceso administrativo sancionador, y estamos por notificárselo al titular para que él pueda ejercer en su momento lo que a su derecho convenga. Preferiría que más bien cuando ya esté notificado él, poder hacerlo público. Tengo entendido que ya en esta semana probablemente pudiera estar la notificación, no tengo el dato preciso pero seguramente en esta semana ya pudiera estar notificado. Hasta el momento no tenemos ninguna denuncia contra ningún perfil político que pudiera tener una relevancia tal como la del diputado. Hay que recordar que nosotros trabajamos sobre denuncias presentadas y no sobre especulaciones que pueda tener la gente. Insisto, si conocen actividades irregulares, nosotros estamos obligados a sancionar sea quien sea, sin importar si es político, ciudadano, empresa o incluso siendo organismo operador», destacó José Gerardo Sinecio Ríos.
El caso tomó relevancia luego de que el director general de Conagua, Efraín Morales López, reveló en la denominada “Mañanera del Pueblo” un presunto esquema mediante el cual concesiones otorgadas para uso agrícola y pecuario habrían sido utilizadas para fines lucrativos.
De acuerdo con la información federal, la familia Calzada concentra alrededor de 628 mil metros cúbicos de agua mediante cinco títulos de concesión localizados en uno de los acuíferos con mayor déficit hídrico del país.
Las investigaciones apuntan a que el agua extraída presuntamente era comercializada mediante pipas y utilizada para abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo, pese a que las concesiones tenían fines agrícolas, esquema que además permitía no pagar derechos por el uso del recurso.
Sobre las posibles sanciones, Gerardo Sinecio Ríos explicó que la legislación contempla distintas medidas, entre ellas multas económicas, procesos de revocación de concesiones y clausuras definitivas.
Precisó que la aplicación de dichas sanciones dependerá de que se acrediten plenamente los elementos legales dentro del procedimiento administrativo.
