Se realizó el Diálogo Ciudadano entre el gobierno municipal y organizaciones sociales respecto al comercio en el Centro Histórico, con énfasis en personas artesanas indígenas. El diagnóstico presentado por las organizaciones encabezadas por Cívica señaló diversas fallas respecto al tratamiento del tema por parte de las autoridades capitalinas, tales como un reglamento desactualizado, una aplicación de normas discrecional y una débil mediación institucional, entre otros.
César Zafra, integrante de Cívica, detalló que esto representa una crisis de gobernanza del espacio público, en la que no se toman en cuenta los distintos derechos como el trabajo, la cultura, la supervivencia y la convivencia. Añadió que todo esto ha generado confrontación, pérdida de confianza y riesgo de escalamiento de conflictos.
Recordó que el diagnóstico se realizó tras el levantamiento de 438 encuestas, 81 cuestionarios cualitativos, entrevistas y grupos focales entre los diferentes actores, los cuales fueron sistematizados y analizados para dar propuestas.
Entre ellas están la creación de un programa municipal integral y obligatorio para el ordenamiento del comercio en el Centro Histórico, con reglas claras, equitativas y transparentes. También se propuso la elaboración de un padrón único de comerciantes que permita diferenciar entre artesanos, revendedores y otros actores, así como eliminar la discrecionalidad en la asignación de espacios mediante procesos públicos y verificables.
Centro de Cuidados
Además del rediseño del mercado artesanal y la creación de un nuevo mercado que cubra las necesidades reales de los involucrados, que incluya un Centro de Cuidados; así como establecer zonas reguladas para la venta y fortalecer la promoción turística.
De igual forma, las organizaciones propusieron la creación de una Comisión Municipal del Comercio Artesanal, implementar mecanismos de mediación profesional para prevenir conflictos, capacitar a inspectores en derechos humanos y otorgar apoyos directos sin intermediarios. Finalmente, recordó que el gobierno municipal tiene un plazo de 30 días para emitir una respuesta sobre qué propuestas aceptar y cuáles no.