Con el propósito de impedir que los municipios puedan vender, donar, ceder o desincorporar del dominio público las áreas que reciben en donación de desarrolladores inmobiliarios, la coordinadora del grupo parlamentario del PT en el Congreso, Claudia Díaz Gayou, presentó dos iniciativas de reforma al Código Urbano del Estado y a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.
La legisladora señaló que las propuestas surgen a partir de la reciente aprobación, por parte del Ayuntamiento de Querétaro, de la venta de 12 predios municipales, varios de ellos ubicados en colonias populares y que originalmente fueron entregados al Municipio como áreas verdes y de equipamiento urbano.
Patrimonio público
De acuerdo con la diputada, estos terrenos forman parte del patrimonio público derivado de las obligaciones que establece el Código Urbano para los desarrolladores, por lo que cuentan con características jurídicas que impiden su comercialización, entre ellas la inalienabilidad; es decir, que no puede ser transferido, vendido, cedido o embargado, al tratarse de bienes de dominio público.
Asimismo, argumentó que el municipio omitió cumplir con el procedimiento legal para desincorporar dichos inmuebles del dominio público, facultad que dijo corresponde al Congreso del Estado conforme a la legislación vigente.
Criterios
Díaz Gayou recordó que en años anteriores el propio Municipio revocó donaciones de terrenos destinados a proyectos como Ciudad de las Mujeres, un hospital del ISSSTE y un cuartel de la Guardia Nacional, al no haberse utilizado para los fines originalmente establecidos, por lo que consideró que un criterio similar debería aplicarse cuando los predios donados dejan de destinarse a espacios públicos.
La legisladora también cuestionó el destino de los recursos que se obtendrían con la venta de los predios, al señalar que, según el acuerdo aprobado por el Cabildo, serían utilizados para atender presiones financieras relacionadas con gasto corriente, como combustibles, mantenimiento vehicular, nómina, materiales y servicios generales.
Compromisos del funcionariado
En ese sentido, atribuyó la decisión a un incremento del gasto corriente de la administración municipal entre 2024 y 2025, por lo que acusó que la venta de patrimonio público busca cubrir compromisos financieros derivados de una deficiente administración de los recursos públicos.
Las iniciativas presentadas buscan establecer de manera expresa que las áreas recibidas en donación por los municipios no puedan ser objeto de enajenación, aprovechamiento privado, donación, cesión, gravamen o desincorporación del dominio público, con el objetivo de garantizar que permanezcan destinadas a áreas verdes, espacios recreativos y equipamiento urbano.