Ante los vacíos legales de los centros de datos establecidos en Querétaro, integrantes de Voceras de la Madre Tierra promovieron un amparo y presentaron una iniciativa de ley para regular su instalación, la cual ya fue turnada al Congreso del Estado.
Con ello, se busca que se regulen los centros de datos, ya que señalaron se está poniendo en riesgo la seguridad hídrica y la garantía al derecho humano al agua; asimismo, con el amparo se pretende que se puedan atender las deficiencias relacionadas con las solicitudes de acceso a la información.
Teresa Roldán, activista señaló que actualmente no existe información pública y accesible sobre el número de centros en operación ni sobre la cantidad de energía y recurso hídrico que requieren.
Advirtió que el consumo de agua de todos los centros que operan en el estado equivale al total del recurso hídrico disponible para la ciudadanía queretana además de que el agua que se pretende otorgar a CloudHQ equivale a un tercio de la población del municipio de Colón.
«Conforme a los datos del INEGI, nada más el agua que se le va a dar a CloudHQ equivale a un tercio de la población de Colón, que hoy no tiene agua, y CloudHQ todavía no está funcionando. En este sentido, entre todos los centros de datos funcionando, que además no existen cifras del agua que se está entregando a los centros de datos, ya que, como en el caso de Microsoft, que se encuentra en donde está el predio de la Universidad de Arkansas, están tomando el agua de esta concesión que se le dio previamente a esta área aparentemente educativa. Entonces, ya haciendo cálculos de toda el agua que tienen ahorita los centros de datos, equivale a toda la ciudadanía de Querétaro el agua que se le va a entregar», explicó Teresa Roldán.
Integrantes de Voceras de la Madre Tierra detallaron que están trabajando con otros colectivos nacionales con la modificación de la Ley General de Equilibrio Ecológico con la finalidad de que se establezcan los daños y el impacto que causan los data centers a la población.
Cabe destacar que con dichos recursos legales buscan establecer reglas claras para las empresas y el combate a la opacidad, además de que se regule la instalación, su funcionamiento y que se respete el acuerdo de Escazú.