El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) mantiene actualmente 36 procedimientos sancionadores en trámite, entre ellos la denuncia presentada por Morena en contra del director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo, informó la presidenta del organismo, Grisel Muñiz Rodríguez.
La consejera presidenta explicó que la queja ya fue recibida por el Instituto y actualmente se encuentra en la fase de sustanciación, en la que las áreas técnicas integran el expediente mediante diversas diligencias antes de remitirlo al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), instancia encargada de resolver si existió o no alguna infracción.
Precisó que no es posible establecer un plazo para la conclusión del procedimiento, debido a que cada expediente presenta características y niveles de complejidad distintos, por lo que el tiempo de resolución depende del desarrollo de las investigaciones.
«Lo recibió el Instituto y lo que continúa es la substanciación del procedimiento, se substancia por parte del Instituto, de las áreas técnicas, y una vez que se cuenta con el expediente, que se hacen diversas diligencias, se remite al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para que resuelvan y se dé la determinación jurisdiccional. Cada procedimiento tiene su complejidad porque habría que ver más bien las actuaciones que integrarían el expediente, pero estamos actuando justo conforme nos marca la normatividad, que por cierto también la ley electoral previó algunas actividades en materia de sancionadores, que celebramos que es muy importante el que las hayan retomado», resaltó Grisel Muñiz Rodríguez.
Reforma electoral
Muñiz Rodríguez destacó que la reciente reforma electoral fortaleció el marco legal para la atención de los procedimientos sancionadores, particularmente en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, al incorporar medidas que permiten reforzar la protección durante la tramitación de estos asuntos.
También señaló que el organismo continuará recibiendo y sustanciando las denuncias que presenten partidos políticos, candidatos o ciudadanía, conforme a las disposiciones legales vigentes, mientras que la determinación sobre la existencia de responsabilidades corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral.