Después de tres años y 11 meses de retraso, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Querétaro avanzó en el Congreso local, luego de que las Comisiones Unidas aprobaron por unanimidad el dictamen que plantea la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro.
El proyecto establece que la movilidad será reconocida como un derecho humano, por lo que las autoridades deberán garantizar que los desplazamientos se realicen bajo condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Prioridades
Entre los principales objetivos se encuentra establecer una jerarquía de movilidad que dé prioridad a las personas peatonas, a quienes utilizan vehículos no motorizados y a las personas con discapacidad, además de implementar acciones para reducir las muertes y lesiones graves provocadas por siniestros viales.
Infraestructura
La propuesta también contempla el incremento gradual de ciclovías, biciestacionamientos e infraestructura para fomentar el uso de la bicicleta, así como mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales y una mayor participación ciudadana en las decisiones de movilidad.
También establece obligaciones particulares para motociclistas, como evitar maniobras riesgosas, no circular sobre banquetas o áreas peatonales, respetar el sentido de circulación, utilizar equipo de seguridad y cumplir condiciones específicas para transportar a menores de edad.
Alcoholimetría
El proyecto contempla además límites de alcoholemia diferenciados: para motociclistas se establece un máximo de 0.1 miligramos por litro en aire espirado o 0.02 gramos por decilitro en sangre, mientras que para vehículos destinados al transporte de pasajeros y carga se plantea la prohibición de conducir con cualquier concentración de alcohol.
La nueva legislación propone que las calles y vialidades se diseñen bajo criterios de accesibilidad y seguridad, con banquetas libres de obstáculos, cruces seguros, infraestructura ciclista y espacios adecuados para el transporte público.
Ciclovías
Para las ciclovías se establecen criterios de seguridad, continuidad, coherencia y comodidad, además de obligaciones para que las autoridades estatales y municipales mantengan en condiciones adecuadas esta infraestructura. El proyecto también plantea que la red ciclista se conecte con otras modalidades de transporte.
«No todos nos llevamos todo lo que planteamos, pero buscábamos que fuera sin crear un Frankenstein, sí tener una ley, que pudiera contemplar muchos elementos, autonomía municipal, operatividad, como lo comentamos. También la congruencia constitucional que nos retrasó un poquito revisar algunas sentencias de la corte; en fin, muchos temas. ¿Qué hace esta ley o qué establece básicamente? La armonización, que es muy relevante en esas dos materias, movilidad y seguridad vial, respetar facultades de estados y de municipios, tuvimos que cortar cosas que pensamos y si no las encuentran y sabemos que las necesitamos, me refiero, por ejemplo, a estacionamientos, pues lo vamos a encontrar en reglamentación municipal. Algunas multas particulares las vamos a encontrar en reglamentos, no las vamos a encontrar en la ley. Los derechos de los usuarios quedan perfectamente establecidos, fenómenos nuevos que no teníamos; a lo mejor, hace tres, cuatro años en los scooters. Este tipo de cosas, van cambiando. Esta infraestructura, que también decía Andrea, es muy importante, porque es una infraestructura que le va a tocar al Estado y le va a tocar a los particulares. Y solamente va a cambiar la forma de movernos en cuanto la infraestructura nos lo permita, y este es un trabajo de echar ladrillos y de delimitar espacios y estaremos pensando que nuestros municipios se construyen de este momento hacia adelante con esta serie de elementos básicos en infraestructura», explicó.
El dictamen plantea un nuevo marco jurídico para regular los desplazamientos y priorizar la seguridad de las personas. Uno de los principales cambios consiste en sustituir la actual legislación de tránsito por un ordenamiento que reconoce la movilidad como un derecho y coloca a las personas como prioridad en la planeación y uso del espacio público.
Auditorías y registros
Asimismo, contempla la realización de auditorías de movilidad y seguridad vial para identificar y corregir deficiencias en infraestructura existente o proyectada, así como estudios de impacto de movilidad para evaluar los efectos que obras y acciones urbanísticas puedan generar sobre los desplazamientos de personas y bienes.
La propuesta también incorpora registros estatales de conductores, sanciones, siniestros de movilidad y estadísticas de movilidad y seguridad vial, con el objetivo de generar información para la elaboración y evaluación de políticas públicas.
De aprobarse la propuesta en el Pleno del Congreso, se abrogaría la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro y la Ley de Fomento al Uso de la Bicicleta, mientras que el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 180 días naturales para expedir el reglamento correspondiente.
