• 29 de octubre de 2026 7:41 PM

Claribel Álvarez Miranda dirigirá Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de Querétaro

PorSirse Rosas

Oct 29, 2026

El Pleno de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad, con 23 votos a favor y ninguno en contra, el nombramiento de Claribel Álvarez Miranda como titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Una vez aprobado por la totalidad de los diputados, la Mesa Directiva del Congreso tomó protesta a la nueva funcionaria electoral, quien ocupará el cargo del 29 de octubre de 2026 al 28 de octubre de 2029, con posibilidad de una reelección por una ocasión.

 

Sustento

La designación fue propuesta por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), luego de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, así como los antecedentes académicos y profesionales de la persona propuesta.

El nombramiento se sustenta en el artículo 22 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que establece que este organismo debe contar con un órgano interno de control cuya persona titular sea designada por la Legislatura mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes.

«Que en el caso de los órganos internos de control, el artículo 4, fracción 20 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, los conceptúa como las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como de la investigación, sustanciación y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas que le competen en los términos previstos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, independientemente de la denominación que reciba», destacó.

La diputada Perla Flores, integrante de la Jucopo, destacó que la existencia de órganos internos de control resulta fundamental para vigilar el cumplimiento del principio de legalidad, fortalecer la integridad institucional y garantizar que las personas servidoras públicas observen los principios y obligaciones que rigen el ejercicio de sus funciones.