El Congreso local inició el proceso de parlamento abierto para elaborar la Iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Querétaro. Dicha iniciativa reforma al artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro para incorporar expresamente la protección de las personas defensoras de derechos humanos y de las personas periodistas. Es decir, busca establecer mecanismos de protección para periodistas, activistas y personas defensoras de derechos, con la participación de organizaciones civiles, especialistas y ciudadanía.
3 mesas de trabajo
La diputada del Partido del Trabajo e impulsora de la iniciativa, Claudia Díaz Gayou, detalló que se contemplan tres mesas de trabajo para integrar propuestas de colectivos, activistas, periodistas, académicos e instituciones.
La primera mesa abordó el tema “Marco general y diseño institucional del sistema de protección”, con el objetivo de definir el alcance de la legislación, las personas beneficiarias, los derechos y obligaciones, así como la estructura institucional que permitiría implementar el futuro mecanismo de protección.
Dos leyes separadas
Entre los argumentos que se plantearon sobre las mesas, destaca la necesidad de que puedan crearse dos leyes separadas, una para activistas y defensores de los derechos humanos y otra para periodistas. Entre algunas de las propuestas planteadas está la creación de un padrón de periodistas.
Las siguientes sesiones se realizarán el 6 de julio, bajo el tema “Coordinación institucional, procedimientos y medidas de protección”, y el 13 de julio, con el análisis de “Mecanismos de control, responsabilidades y financiamiento”, donde se discutirán los procedimientos operativos, la coordinación entre autoridades y la viabilidad presupuestal del sistema.
Díaz Gayou señaló que la intención es fortalecer una iniciativa que, pese a los intentos registrados en legislaturas anteriores, no ha logrado concretarse. Indicó que el propósito es construir un proyecto con el consenso de las distintas fuerzas políticas y con la participación directa de quienes enfrentan riesgos por su labor de defensa de derechos o de ejercicio periodístico.
Protección
La legisladora explicó que la propuesta busca ampliar el concepto de personas sujetas de protección para incluir no solo a quienes defienden derechos humanos, sino también a activistas ambientales, animalistas y de otras causas sociales, así como a periodistas, comunicadores, medios alternativos y creadores de contenido que realizan labores informativas o de interés público.
Precisó que el objetivo de la iniciativa es establecer medidas de seguridad para prevenir y atender agresiones, amenazas, hostigamiento, desapariciones y asesinatos relacionados con el ejercicio del activismo y el periodismo.
Asimismo, destacó que el trabajo legislativo pretende generar los consensos necesarios para que, de ser viable, la propuesta pueda contemplar recursos presupuestales en el próximo ejercicio fiscal y cuente con la participación de dependencias estatales durante el proceso de construcción.
Primera mesa de trabajo
En la primera mesa participaron representantes de los medios de comunicación, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas ambientales, animalistas, representantes de organizaciones civiles y ciudadanos, quienes coincidieron en la necesidad de crear un mecanismo estatal de protección que responda a las condiciones particulares de Querétaro.
Entre las principales preocupaciones expuestas destacaron las amenazas, el hostigamiento, la violencia digital, la estigmatización pública, la criminalización del activismo, la difusión de datos personales, la falta de seguimiento a denuncias, así como la percepción de impunidad frente a agresiones contra periodistas y personas defensoras.
Los participantes solicitaron que la ley contemple a activistas de todas las causas, además de incorporar perspectiva de género, protocolos para atender la violencia digital, medidas preventivas, sistemas de alerta temprana y mecanismos ágiles de protección.
También se planteó la necesidad de crear un organismo especializado con autonomía técnica y financiera, facultades para coordinar medidas de protección, emitir recomendaciones, investigar agresiones, elaborar diagnósticos sobre la violencia contra periodistas y personas defensoras, así como gestionar sanciones y reparaciones cuando existan violaciones a derechos humanos.
De igual forma, coincidieron en que, además de contar con una nueva legislación, será indispensable garantizar su aplicación efectiva mediante presupuesto, coordinación institucional y mecanismos de ejecución que eviten que el marco jurídico quede únicamente como una disposición sin resultados prácticos.