Este miércoles será votado en la Comisión de Participación Ciudadana el dictamen de la Ley de Revocación de Mandato, con lo que se garantizaría que para 2031 se pueda realizar este ejercicio democrático en Querétaro, informó Arturo Maximiliano García, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local.
Señaló que Querétaro incumplió con ese mandato durante la pasada Legislatura, pues, aunque posteriormente se incorporó la figura de revocación de mandato a la Constitución estatal, quedaron pendientes las reglas necesarias para hacerla efectiva.
Él, también integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, detalló que el dictamen por aprobar reglamenta la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, mecanismo que deberá permitir a los ciudadanos ejercer este derecho bajo reglas claras.
Puntos
El legislador detalló que la iniciativa presentada por Morena contempla alrededor de 60 artículos y establece, entre otros aspectos, los requisitos para solicitar el procedimiento, la recolección de firmas y las condiciones para que el resultado sea vinculante.
«Hay un compromiso de orden jurídico. La revocación de mandato se instituye a nivel constitucional 2019 y se establece un artículo transitorio que obligaba a las entidades a establecer la figura en sus constituciones y leyes secundarias para efecto de regular su procedimiento. Querétaro fue omiso. El derecho de los ciudadanos y ciudadanas de participar en revocación de mandato sí se solicita, porque hay que entender que no es un procedimiento obligatorio; tendría que haber sido ya posible para el 2025. Sin embargo, la pasada legislatura fue omisa, incumplió el mandato constitucional, para el cual, lo hemos platicado muchas veces, desafortunadamente no existe sanción, y esta legislatura ya el grupo parlamentario Morena presenta justamente la iniciativa de ley», declaró Arturo Maximiliano.
García Pérez explicó que el dictamen contempla los requisitos establecidos en el marco constitucional, entre ellos, la presentación de solicitudes respaldadas por al menos el 10% de la lista nominal (alrededor de 200 mil firmas), dentro del periodo correspondiente, así como una participación mínima del 40% para que el resultado pueda ser vinculante.
De acuerdo con el dictamen, la solicitud tendría que presentarse después de que hayan transcurrido tres años del inicio del gobierno estatal y dentro de los tres meses posteriores al cumplimiento de ese periodo. Precisó que se trata de un mecanismo que dependerá de que la ciudadanía decida promoverlo y cumpla con los requisitos establecidos en la legislación; es decir, no será obligatorio.