Morena lanzó una contrapropuesta al gobernador del estado para presentar el «8 de 8 plus», agregando dos propuestas: cero vínculos con redes de corrupción inmobiliaria y con redes de corrupción relacionadas con el agua.
La propuesta se dio en respuesta al planteamiento de Mauricio Kuri para que los partidos políticos con registro en Querétaro adopten el protocolo de “6 de 6” para establecer filtros contra ‘narcopolíticos’ para quienes aspiren a cargos de elección popular en 2027.
Acompañado de diputados de la Cuarta Transformación en el Congreso local, Santiago Nieto Castillo aseguró que el mandatario queretano está siendo mal asesorado, debido a que lo hacen lanzar propuestas que ya están en la ley, lo que calificó como «una traición» al gobernador. Recordó que la reforma electoral federal creó la Comisión de Verificación e Integridad, la cual forma parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y tiene como objetivo revisar que los candidatos no tengan vínculos con la delincuencia organizada.
La Comisión, abundó, trabajará de la mano con las instituciones en materia de seguridad, inteligencia, fiscal, financiera; lo que, aseguró, es más confiable que un polígrafo, una medida que señaló que ha sido declarada como ilegal por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Redundancia
Señaló que varios de los requisitos planteados por el Ejecutivo estatal ya se encuentran contemplados en la legislación electoral y administrativa; entre ellos, la declaración patrimonial, declaración fiscal, manifestación de conflicto de interés, constancia de no antecedentes penales, constancia de no ser deudor alimentario, además de los filtros relacionados con delitos de género, violencia política en razón de género y delitos sexuales. Agregó que el PAN fue uno de los partidos que votó en contra de esta reforma a nivel federal.
Pese a ello, dijo que la 4T está dispuesta a someter a sus candidatos a la propuesta del gobernador, siempre y cuando el PAN a su vez también se someta a dos propuestas adicionales de Morena y sus aliados, más «un plus».
Cárteles
El morenista acusó que en Querétaro no se investigan ni castigan los delitos relacionados con lo que denominó «el cartel inmobiliario», así como el uso del agua para fines distintos a los que la concesión establece, por lo que pidió agregar esta verificación a la propuesta de Mauricio Kuri. Adicional a ello, propuso que «se siga la ruta del dinero» y se revisen familiares, beneficiarios y posibles prestanombres para garantizar que no haya corrupción.
«Si queremos candidaturas limpias, investiguemos completo; si queremos combatir la corrupción, sigamos la ruta del dinero. Créanmelo, me tocó hacerlo casi tres años durante el gobierno del presidente López Obrador y sé cómo hacerlo. Y si queremos proteger a Querétaro, que no haya excepciones ni colores partidistas, que no por estar vestidos de azul sean impunes ante la fiscalía del estado. Por eso, del seis de seis nosotros exigimos el ocho de ocho plus, que la transparencia llegue hasta donde llegue el dinero. No importa si es en Estados Unidos, si es en Europa, en España, necesitamos que la transparencia llegue a todos los espacios», informó el morenista.
Santiago Nieto recordó que durante procesos electorales anteriores ya se han utilizado mecanismos de transparencia y fiscalización, por lo que insistió en que el reto para 2027 será fortalecer la verificación de la información y no únicamente incrementar el número de requisitos.
Filtros
Por su parte, el coordinador de Morena en el Congreso local, Arturo Maximiliano García, dijo que el protocolo 6 de 6 presentado por el gobernador coincide con la necesidad de fortalecer los filtros para quienes buscan acceder a cargos públicos; sin embargo, advirtió que el protocolo no constituye una reforma legal ni genera nuevas obligaciones jurídicas.
De igual forma, coincidió con Nieto Castillo en que lo planteado por el Ejecutivo ya forma parte de las obligaciones legales de funcionarios y candidatos. Además, señaló que la legislación permite solicitar revisiones a distintas instituciones, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República (FGR) y, eventualmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de identificar posibles vínculos financieros o patrimoniales con actividades ilícitas.
Por ello, consideró que el gobierno estatal pudo haber presentado una iniciativa de reforma electoral cuando todavía existía oportunidad para modificar el marco jurídico, en lugar de impulsar posteriormente un protocolo que, al no estar incorporado a la legislación, carece de carácter obligatorio.