El coordinador estatal de la 4T en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, advirtió sobre el riesgo de que funcionarios públicos que ya fueron designados como coordinadores del PAN, puedan incurrir en conductas que puedan constituir peculado electoral, al combinar sus responsabilidades partidistas con el ejercicio de un cargo público.
Aseguró que existe una diferencia clara entre los coordinadores de Morena y los del PAN, al afirmar que hasta el momento el partido guinda solo ha definido coordinadores estatales, a quienes les pidió separarse del cargo para poder asumir la responsabilidad.
Por ello, dijo que quienes ya fueron designados por el PAN deberían también separarse de sus cargos públicos, debido a que tienen acceso a recursos financieros, humanos y materiales que podrían ser utilizados para favorecer actividades partidistas o electorales.
«Si hay una diferencia fundamental: si ya están designados, se puede cometer peculado electoral al desviar fondos, bienes o servicios que tienen en las presidencias municipales hacia problemas del Estado, hacia la secretaría. En nuestro caso no, porque no hay todavía ninguno designado ni en las coordinaciones municipales ni en las coordinaciones distritales. Por lo tanto, nosotros exigiremos que las personas se paren hasta que esos procesos lleguen. Pero en este momento, el PAN ya hizo. Por lo tanto, el PAN debería hacer que sus funcionarios se retiraran de los cargos. Me parece poco ético que tú estés en un cargo partidista y paralelamente recibas un sueldo como funcionario público. Porque yo renuncié a ser titular del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial», explicó.
Candidatos en cargos
El morenista afirmó que esta separación no solo responde a una exigencia legal, sino también a un criterio de equidad y congruencia, al calificar como poco ético que una persona desempeñe simultáneamente un cargo partidista y una responsabilidad dentro de la administración pública mientras continúa recibiendo un sueldo con recursos públicos.
Nieto Castillo también advirtió que Morena vigilará el desempeño de los funcionarios que sean designados como coordinadores y, en caso de detectar utilización de recursos públicos, presentarán las denuncias correspondientes.
Explicó que el uso de recursos financieros, humanos o materiales de las administraciones públicas para favorecer actividades electorales puede constituir una conducta delictiva y vulnerar los principios constitucionales de equidad en la contienda.