En el marco de la tercera mesa de trabajo del Parlamento Abierto para la creación de la Ley de Protección para Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Querétaro, los participantes plantearon crear fideicomiso para financiar dicha ley, con un esquema de financiamiento permanente, reglas claras de operación y mecanismos de vigilancia para garantizar su aplicación efectiva
Especialistas, periodistas, activistas y académicos también plantearon que la iniciativa sea acompañada de un dictamen de impacto financiero, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera, para evitar que la falta de recursos vuelva a impedir su aprobación, como ocurrió con propuestas anteriores.
De igual forma se propuso crear un fideicomiso público que financie las medidas de protección, alimentado con un porcentaje del presupuesto destinado a comunicación social de los poderes públicos y municipios, lo que permitiría acumular recursos año con año para atender emergencias y medidas de seguridad.
Los participantes señalaron además que dicho fondo podría cubrir gastos como casas de seguridad, protección especializada y otras acciones para salvaguardar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mientras que el estado asumiría únicamente el gasto operativo del organismo encargado del mecanismo de la protección.
Durante la mesa también se planteó fortalecer la responsabilidad de las autoridades y municipios cuando incumplan con sus obligaciones de protección, mediante la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a fin de que las omisiones puedan derivar en sanciones e indemnizaciones cuando se acrediten daños a las víctimas.
Otra de las propuestas fue precisar en la legislación la diferencia entre periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de establecer criterios específicos para cada sector y evitar confusiones derivadas del crecimiento de plataformas digitales y redes sociales. Asimismo, se planteó definir el concepto de periodista con base en la actividad profesional de recopilar, verificar, contextualizar y difundir información de interés público.
En el ámbito institucional, se propuso sustituir el carácter únicamente consultivo del órgano ciudadano por un órgano de vigilancia con facultades de supervisión, establecer criterios objetivos para la integración de sus integrantes, garantizar la paridad de género y crear indicadores públicos para evaluar el desempeño del sistema de protección. También se sugirió capacitar permanentemente a los servidores públicos en derechos humanos, libertad de expresión, atención con enfoque diferenciado y prevención de la revictimización.
Además, al señalar que tres mesas de trabajo son insuficientes para construir una ley en consenso, se solicitó realizar foros regionales en municipios como Jalpan, Cadereyta y San Juan del Río, además de consultar directamente a cientos de periodistas sobre los riesgos que enfrentan en el ejercicio de su profesión.
Ante la petición, la diputada Claudia Díaz Gayou informó que en la primera semana de agosto se llevará a cabo una mesa de trabajo con estudiantes de comunicación y periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro y, en se segunda semana se realizará un foro también en Jalpan de Serra para conocer la realidad de los periodistas que laboran en la Sierra Gorda.
Cabe resaltar que nuevamente una de las posturas encontradas entre los participantes fue sobre el alcance de la legislación, al señalar que se debe crear una ley diferenciada entre periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, al insistir en que ambos sectores enfrentan riesgos distintos y requieren mecanismos diferenciados de protección. Asimismo, activistas solicitaron incorporar los principios del Acuerdo de Escazú para reforzar la protección de quienes defienden causas ambientales.
