La creación de una ventanilla única de atención y la creación de un Sistema Estatal de Protección fueron algunas de las propuestas que surgieron durante la segunda mesa de trabajo del Parlamento Abierto para la construcción de la iniciativa de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Querétaro. El segundo foro versó sobre los “Procedimientos, medidas de protección y elementos para un sistema de protección eficaz”.
En este sentido, se planteó la posible creación de un Sistema Estatal de Protección, en el cual pudieran estar integrados la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Defensoría de los Derechos Humanos y el Poder Judicial como observador, representantes de periodistas, representantes de personas defensoras de derechos humanos, academia y especialistas.
En la mesa participaron especialistas, periodistas, activistas y representantes de organizaciones civiles, quienes coincidieron en la necesidad de una ley con mecanismos efectivos, no solo declarativos. Durante los pronunciamientos, los panelistas señalaron que es necesario que la legislación contenga procedimientos claros, obligatorios y con capacidad de ejecución, evitando que se convierta en una ley “sin dientes”.
Mecanismos
Se insistió en que la protección debe activarse de manera inmediata ante una amenaza y no depender de largos procesos administrativos. Al igual que en la primera mesa de trabajo, se habló sobre la necesidad de diferenciar la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en dos leyes distintas, al argumentar que, aunque en ocasiones coinciden, sus funciones, riesgos y formas de trabajo son diferentes, por lo que requieren mecanismos específicos.
Ventanilla
En cuanto a la ventanilla única de atención que se planteó, se plantea que exista un punto de contacto para solicitar protección, que la persona no tenga que acudir a distintas dependencias y que esté disponible las 24 horas mediante teléfono, WhatsApp, correo electrónico, sitio web y atención presencial. Señalaron que la futura legislación debe establecer mecanismos efectivos de prevención y atención inmediata, con procedimientos claros, coordinación entre autoridades y medidas adaptadas a los riesgos actuales, especialmente los relacionados con el entorno digital.
Protección
Entre las propuestas destacó la necesidad de establecer procedimientos diferenciados para riesgos ordinarios y extraordinarios, de manera que, en casos de amenaza inminente, las medidas de protección puedan emitirse en un plazo máximo de tres horas e implementarse en menos de nueve horas.
Denuncias
Los participantes coincidieron en que la denuncia penal no debe ser un requisito para acceder a medidas de protección, al considerar que muchas víctimas enfrentan amenazas provenientes de autoridades o actores con poder, lo que desincentiva la presentación de denuncias formales. Otro de los ejes de la discusión fue la incorporación de medidas específicas para atender la violencia digital; en este sentido, se buscaría incluir mecanismos de seguridad informática, recuperación de cuentas hackeadas, protección de fuentes periodísticas, respaldo de información, defensa frente a campañas de desprestigio y atención especializada para ataques coordinados en redes sociales.
Policía Cibernética
Asimismo, se expusieron críticas sobre el funcionamiento de la Policía Cibernética, al señalar que existe poca claridad sobre los mecanismos para acceder a sus servicios y que actualmente no ofrece respuestas eficaces ante casos de acoso o amenazas digitales. Los asistentes también propusieron ampliar el catálogo de conductas que deberán reconocerse como formas de violencia contra periodistas y personas defensoras, incluyendo hostigamiento institucional, acoso judicial, violencia económica, censura indirecta, campañas de estigmatización y obstáculos para el ejercicio de la labor informativa.
Capacitación permanente
En la mesa se planteó además que la ley contemple programas permanentes de capacitación en seguridad digital, cobertura de riesgo, derechos humanos y bienestar emocional, así como atención psicológica para las personas protegidas y sus familias. Diversos participantes solicitaron que la legislación reconozca la labor de periodistas de medios digitales, independientes, fotoperiodistas, camarógrafos, productores, verificadores de información y otros perfiles vinculados con la actividad informativa, además de considerar a personas defensoras del medio ambiente y del bienestar animal, al argumentar que también enfrentan amenazas derivadas de su trabajo.
Supervisión ciudadana
Finalmente, se insistió en que el mecanismo de protección cuente con supervisión ciudadana mediante un consejo integrado por organizaciones civiles, academia, periodistas y personas defensoras, con facultades para dar seguimiento a la implementación de la ley y evaluar su funcionamiento, con el objetivo de garantizar que las medidas de protección sean efectivas y oportunas.