Con 14 votos a favor y 11 en contra, fue aprobado en el pleno del Congreso la iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro en materia de identidad de género, siendo esta la cuarta propuesta en la materia y el 2017 la fecha en que fue presentada la primera.
En medio de un debate que confrontó posturas jurídicas, sociales y de derechos humanos entre las distintas fuerzas políticas, el pleno avaló modificaciones que permitirán el reconocimiento administrativo de la identidad de género en el Registro Civil del estado, convirtiendo a Querétaro en el estado número 25 que aprueba esta legislación.
Es de recordar que en la votación se acumularon dos proyectos: la iniciativa de ley que adiciona diversos artículos al Código Civil del Estado de Querétaro, en relación al derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género autopercibida a través de un procedimiento administrativo ante el Registro Civil y la iniciativa de Ley que reforma diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro.
Votos a favor y en contra
Los legisladores que votaron a favor están la totalidad de 12 los diputados de Morena, a quienes se sumaron el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital; la diputada del Partido Verde, Georgina Guzmán; y la del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou.
En contra votaron los ocho diputados del PAN: Gerardo Ángeles, Mauricio Cárdenas, Enrique Correa, Verónica Galicia, Guillermo Vega, Juliana Hernández, Leonor Mejía, Antonio Zapata; así como la diputada del Partido Verde, Perla Flores; de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada; y la del PRI, Adriana Meza.
Proceso en Registro Civil
La iniciativa establece un procedimiento administrativo para que las personas mayores de edad puedan solicitar la rectificación de su nombre y sexo-género en actas del registro civil, sin necesidad de acreditar intervenciones médicas o judiciales, bajo el principio de identidad de género autopercibida.
Cuestionamientos
Los legisladores del PAN advirtieron posibles vacíos legales y cuestionaron que la reforma base el reconocimiento legal únicamente en la autopercepción, al considerar que esto podría generar conflictos en ámbitos como salud, deporte, seguridad y políticas públicas. También plantearon que la iniciativa vulnera a las infancias, al señalar que, a pesar de que el dictamen es sólo para mayores de edad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría impugnar la resolución precisamente por no contemplar a los menores de edad.
«Hay que ser muy claros. Con los niños, con los niños no, no nos metamos con las infancias, jamás lo permitamos. Hay que ser muy claros, subirán aquí a la tribuna de manera repetitiva varios de mis compañeros a argumentar en este tema y dirán, claro está, que en el dictamen se establece la exclusión de los menores, pero ¿qué creen?, esa es una farsa, esa es una mentira, porque tienen perfectamente claro que la Corte va a determinar que esta ley es inconstitucional y nos la va a regresar para incluir a los menores. Es un criterio que tienen definido, se rían o no, con los niños no, a ellos no los debemos de tocar y cuando esto suceda, si se llega a aprobar en este Pleno, que espero que no, volveremos a verlos a la cara y decirles: por tu voto Morena, Morena votó por incluir a los menores, con las niñas y niños no», resaltó Antonio Zapata.
Criterios
Por su parte, los legisladores de Morena argumentaron que la reforma responde a criterios ya establecidos por instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales, además de asegurar que con ello se salda una deuda histórica en el reconocimiento de derechos. Señalaron que en la entidad no existía un mecanismo accesible para garantizar la identidad jurídica de las personas trans, lo que generaba barreras económicas y administrativas, al obligarlas a recurrir a procesos judiciales.
También defendieron que la reforma se limita al ámbito registral y no regula aspectos como participación en actividades deportivas, uso de espacios diferenciados (como sanitarios), o condiciones en centros penitenciarios, al considerar que estos temas corresponden a otras autoridades y marcos normativos.
Edad
Respecto al argumento sobre menores de edad, los legisladores morenistas sostuvieron que el dictamen se limita a personas mayores de edad y que cualquier revisión constitucional seguiría el proceso legal correspondiente.
«No podemos decir que estamos a favor de la dignidad cuando votamos en contra de este tipo de iniciativas. Eso es una clara falacia, porque la dignidad va acompañada del reconocimiento y va acompañada de la identidad y si eso no lo tenemos claro pues entonces no hemos entendido nada. Podemos decir o pretender que vamos a votar en contra porque queremos proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, pero la realidad es que lo que queremos es limitar los derechos de las personas, lo que queremos es seguir abonando a que las personas sean discriminadas, ¿Por qué? Porque compañeras y compañeros ya sucede que las personas puedan cambiar su identidad en otros estados. Lo único que pasa y lo único que es diferente y lo voy a decir bien claro es que en el Registro Civil del estado de Querétaro no inscriben esas nuevas actas de nacimiento y ahí es donde puede darse la duplicidad de las personas y ahí es donde se pueden cometer delitos, entonces seamos congruentes, queremos que las personas puedan tener acceso a la dignidad o no queremos, estamos frente a dos opciones muy claras, o estamos del lado de la dignidad o somos cómplices de la discriminación»; resaltó Andrea Tovar.
Entre los votos en contra que más llamaron la atención, se encuentran el del diputado del PAN, Guillermo Vega, quien en comisión votó a favor del proyecto y había informado que haría lo mismo en el Pleno; así como el voto de Teresita Calzada, de Movimiento Ciudadano, quien firmó como autora de una de las iniciativas votadas y también había dicho previamente que votaría a favor. Tras su aprobación, el decreto será remitido al titular del Poder Ejecutivo estatal para su publicación en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga y su posterior entrada en vigor.
