Habitantes de San José de la Laja, en Tequisquiapan, denunciaron prácticas abusivas por parte de presuntas empresas financieras que operan en comunidades de Querétaro mediante microcréditos, pagarés firmados en blanco, cobros excesivos, amenazas y embargos, principalmente contra mujeres y familias en situación de vulnerabilidad económica.
Un grupo de mujeres, originarias de San José La Laja, en el municipio de Tequisquiapan, denunciaron en el Congreso del estado ser víctimas de pseudofinancieras, con las cuales obtuvieron préstamos por 15 o 20 mil pesos; sin embargo, las empresas exigen pagos por más de 65 o 75 mil pesos.
Señalaron que algunas financieras desaparecen de las comunidades después de otorgar los créditos y posteriormente reaparecen para realizar cobros o iniciar procedimientos de embargo e incluso comienzan a amenazarlas y exhibirlas a través de redes sociales.
Una de las afectadas, Alicia Reséndiz, denunció presuntas irregularidades durante un embargo y cuestionó que, pese a su disposición para pagar la deuda, no se le permita establecer mecanismos para cubrir únicamente el monto que considera justo.
«Nosotros somos víctimas de financieras, nos hacen firmar papeles en blanco. Ahorita hay financieras que se han desaparecido de San José, las cuales regresan con embargos y que vienen con todo. Ya de San José estamos hartas, harta de que las autoridades no hacen nada; al contrario, las autoridades se prestan, el actuario se burla. A mí no me interesa que fui subida al Facebook hoy; a mí eso no me interesa. Yo tengo una visión, y mi visión es pagarlo justo, porque ellos llegan cobrando excesivamente. Hay financieras que se han desaparecido y ahorita ya nos mandan decir: voy con el embargo para todo», denunció.
Las afectadas estuvieron acompañadas por el diputado de Morena, Eric Silva Hernández, quien señaló que estas prácticas afectan principalmente a mujeres de comunidades vulnerables y afirmó que ya se han detectado más de 50 financieras presuntamente irregulares en distintos municipios.
Precisó que el problema se ha identificado en municipios como Tequisquiapan, Colón, Ezequiel Montes, Tolimán, Peñamiller y Pedro Escobedo, además de que recientemente han comenzado a recibir reportes de comunidades de la Sierra Gorda.
Por ello, indicó que también se reunirán con el magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, a quien le expondrán las irregularidades en las que han incurrido algunos jueces, a los que acusan de estar coludidos con las financieras.
«Para poderle decir, explicarle exactamente quiénes son las y los juzgadores que se encuentran en estos cargos que permiten que ahora sí para estas personas que están haciendo negocio con estos pagarés o con esta documentación falsa ilícita a ellos sí la justicia les llega tremendamente rápido. Cuando tienen un pagaré en blanco y se lo pasan estas financieras, que no es otra cosa sino que instituciones de dudosa procedencia ilegales, por así decirlo, después lo que hacen es que se lo entregan a un despacho y ese despacho se colude con la autoridad judicial, con actuarios, con juezas y entonces estamos hablando de horas; en un periodo de horas ya están embargando a las y los familiares, están ya en sus casas, incluso en algunos casos, están actuando de manera cuestionable, están actuando fuera del marco de la ley», explicó.
Jorge Patiño, quien detectó la problemática en San José de la Laja, señaló que en esa comunidad se han identificado alrededor de 15 financieras y advirtió que el esquema puede generar una acumulación de deudas, debido a que a las personas que no pueden cubrir un pago se les ofrecen nuevos créditos para cubrir los anteriores, incrementando progresivamente el adeudo.
También señaló que existen casos en los que los pagarés son firmados en blanco y posteriormente utilizados para reclamar cantidades superiores a las originalmente prestadas.
Por su parte, la abogada Diana Olvera informó que, a partir de seis meses de trabajo en diferentes municipios, se creó el programa Colibrí, cuyo objetivo es brindar acompañamiento comunitario y jurídico a personas afectadas por este tipo de esquemas.
El programa contempla tres líneas de atención: acompañamiento para presentar denuncias ante la Fiscalía, asesorías comunitarias en materia penal y mercantil y acompañamiento jurídico relacionado con el cobro de pagarés.
Como parte de los diagnósticos realizados, explicó que en Colón fueron entrevistadas 150 personas y se detectaron 35 financieras, de las cuales solamente tres habían sido reportadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En Pedro Escobedo se entrevistaron a 60 personas y se identificaron 17 financieras, pero únicamente dos con reporte. En materia de asesorías, el programa ha atendido aproximadamente a 80 personas en Pedro Escobedo, 30 en Colón, 40 en Ezequiel Montes y 20 en Peñamiller.
Sin embargo, el número de denuncias formales es considerablemente menor. En Colón se han presentado 15 denuncias, en Pedro Escobedo 35 y en Ezequiel Montes 20, situación que dijo se debe al miedo y a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las personas afectadas.