El diputado local de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, presentó una iniciativa para crear la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Querétaro, la cual busca reconocer el derecho de las personas a decidir anticipadamente sobre los tratamientos médicos que desean recibir o rechazar en caso de una enfermedad terminal, sin que ello implique eutanasia.
Explicó que esta ley tiene el propósito de establecer un marco jurídico que permita a las personas decidir de manera libre, informada y anticipada sobre los tratamientos médicos que aceptarán o rechazarán cuando enfrenten una enfermedad terminal o una condición que les impida expresar su voluntad.
El legislador señaló que Querétaro aún carece de una legislación específica en esta materia, pese a que más de 15 entidades federativas ya cuentan con normas similares, entre ellas Ciudad de México, Aguascalientes y Guanajuato. Consideró que el crecimiento y envejecimiento de la población hacen necesaria una regulación que armonice el derecho a la dignidad humana, la autonomía personal y el consentimiento informado con la legislación estatal.
«Hay un tema que Querétaro vamos también tarde y que es importante generar un marco jurídico que dé certeza y genere una serie de beneficios relevantes y me refiero a la ley de voluntad anticipada. Quiero pensar que muchos de ustedes, su servidor también, hemos pasado quizá por ese tema con familiares muy cercanos y se trata del derecho que tienen las personas a decidir de manera libre, claramente informada y anticipada qué tratamientos médicos va a aceptar o va a rechazar cuando se encuentre en una situación terminal o donde ya no pueda expresar su voluntad. Debo ser muy claro porque creo que situaciones recientes lo demandan: esto no implica eutanasia ni suicidio asistido»; informó el diputado de Morena.
Eutanasia
Precisó que la propuesta no contempla la eutanasia ni el suicidio asistido, sino que busca garantizar que las personas puedan rechazar tratamientos desproporcionados o que únicamente prolonguen artificialmente el proceso de muerte, acceder a cuidados paliativos, designar representantes que hagan valer su voluntad y evitar la llamada «obstinación terapéutica». La propia iniciativa establece expresamente que no podrá utilizarse para autorizar prácticas de eutanasia o suicidio asistido.
García Pérez explicó que la ausencia de una voluntad anticipada suele generar conflictos entre familiares cuando un paciente ya no puede manifestar sus deseos, además de incertidumbre para el personal médico y las instituciones de salud respecto a la continuidad de tratamientos. Afirmó que el objetivo es brindar certeza jurídica y privilegiar la decisión previamente expresada por el paciente.
Vías
La iniciativa plantea que la voluntad anticipada pueda formalizarse por dos vías: mediante escritura pública ante notario o a través de un acta emitida en instituciones de salud estatales, con procedimientos específicos y la posibilidad de revocarla en cualquier momento.
El proyecto de ley establece que toda persona mayor de edad podrá otorgar una escritura de voluntad anticipada ante notario, aun cuando no padezca una enfermedad terminal, mientras que las personas que ya se encuentren en esa condición podrán tramitar un acta ante personal de salud autorizado. En ambos casos deberán expresar de forma libre e informada qué tratamientos, procedimientos médicos y cuidados paliativos desean aceptar o rechazar en caso de no poder comunicar su voluntad en el futuro.
Unidad especializada
La propuesta también contempla la creación de una unidad especializada en la Secretaría de Salud para registrar y resguardar las declaraciones de voluntad anticipada mediante un sistema digital, al que tendrían acceso las instituciones médicas para verificar su existencia y garantizar su cumplimiento. Asimismo, obliga a fortalecer los servicios de cuidados paliativos, la asistencia tanatológica y la capacitación del personal de salud.
De ser aprobada por la Legislatura, la nueva ley entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y sería el Poder Ejecutivo el encargado de emitir el reglamento correspondiente, además de prever recursos presupuestales para su implementación.