Apenas un par de horas previas a que se llevara a cabo el proceso de entrevistas a los candidatos a encabezar la Fiscalía Anticorrupción, el grupo parlamentario de Morena reafirmó su postura en contra del proceso y exigió revertir la reforma aprobada en 2024.
Integrantes de la bancada guinda en la LXI Legislatura local afirmaron que no respaldarán el procedimiento vigente para la designación del Fiscal Anticorrupción al considerar que el mecanismo vigente compromete la autonomía de la institución y elimina los consensos legislativos que anteriormente se requerían para el nombramiento.
Inconformidad
El coordinador parlamentario, Arturo Maximiliano García, sostuvo que la postura de su partido responde a una convicción institucional y no a motivaciones políticas. Argumentó que Morena ha respaldado iniciativas relacionadas con la procuración de justicia, incluidas seis reformas promovidas por la Fiscalía General del Estado que fueron aprobadas con el voto de sus legisladores y aliados.
Modelo anterior
El diputado recordó que antes de la reforma constitucional aprobada en agosto de 2024, la designación del Fiscal Anticorrupción requería el voto de las dos terceras partes de la Legislatura y se realizaba mediante una convocatoria abierta, comparecencias y la integración de una terna construida desde el Congreso. Aseguró que ese modelo garantizaba mayor legitimidad y evitaba que el titular del Poder Ejecutivo influyera directamente en la designación.
Explicó que la reforma de 2024 modificó el procedimiento para que la terna sea propuesta exclusivamente por el Ejecutivo estatal y que, en caso de no alcanzarse una mayoría calificada en el Congreso dentro de un plazo determinado, el gobernador pueda realizar el nombramiento. Morena considera que este esquema debilita la independencia de la Fiscalía Anticorrupción.
Iniciativa
De igual forma, Arturo Maximiliano señaló que diputados de la Cuarta Transformación presentaron hace un par de semanas una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Querétaro y revertir la modificación que se hizo de este proceso en 2024, de tal forma que se buscará regresar al modelo anterior, a través de una convocatoria pública.
Por su parte, el diputado Eric Silva Hernández afirmó que permitir que el gobernador designe al Fiscal Anticorrupción representaría un riesgo para la imparcialidad de la institución y podría afectar la investigación de presuntos actos de corrupción relacionados con proyectos de infraestructura, contratos públicos, notarías, desarrollos inmobiliarios y otros asuntos que, dijo, han generado cuestionamientos durante la actual administración estatal.