Con el nombramiento de la colonia San Francisquito de Querétaro como comunidad indígena se daría pauta para proteger la cultura y tradiciones del lugar, señaló Yanet Lezama López, arquitecta del centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Querétaro, quien explicó que actualmente la Legislatura del Estado tiene una iniciativa legislativa que contempla dicho nombramiento.
Lezama López abundó en que la propuesta fue impulsada con ayuda del Municipio de Querétaro; no obstante, consideró normal que las y los diputados de la Legislatura muestren cierta resistencia a aprobar el nombramiento de comunidad indígena a la zona.
«Que vaya a afectarles en su territorio, en su barrio, en su práctica, ya o va ser como antes, de que ya decidí que aquí va pasar el eje vial, y porque quiero lo hago, ahora los tienen que consultar y hay reglas específicas de como se hace esa consulta que estaban antes aquí, y que hoy ya están en la construcción», planteó Yanet Lezama López.
Por su parte, la antropóloga Edith Natividad Rangel Cruz, también del centro INAH Querétaro, opinó que es prioritario que los habitantes de San Francisquito se mantengan al tanto de la iniciativa en la Legislatura e, idealmente, participen e influyan en el contenido del dictamen, pues este a su vez se reflejaría en la realidad de su comunidad.
«Libre, que ustedes sean los que decidan informados, que sea los jefes, una danza conchera no solo está integrada por los jefes, hay más gente, creo que también es importante tomar en cuenta todas las voces que estén informados, y consensados, escuchar todas las voces, y consensar como lo vamos a lograr, que vamos a hacer», compartió Edith Natividad Rangel Cruz.
Rangel Cruz comentó que nombramientos como este suelen ser aprovechados por personas del sector privado para capitalizar negocios en la zona, aprovechándose de las culturas y tradiciones, así como de los inmuebles del lugar; por lo que reiteró que es importante la voz de la comunidad en la toma de decisiones en la Legislatura.
Por otro lado, asentó que, de aprobarse, entre los beneficios integrales para la comunidad se encuentran el proteger los derechos de la propiedad intelectual colectiva, el reconocimiento de la diversidad cultural y el derecho a organizar estructuras sociales, políticas y culturales; así como el promover, respetar, garantizar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de la comunidad.