El grupo parlamentario del PAN ingresó una iniciativa para proteger a docentes y reforzar la seguridad en escuelas de Querétaro. La propuesta contempla asesoría jurídica gratuita, atención psicológica, protocolos de emergencia y sanciones agravadas por delitos cometidos contra personal educativo.
El diputado panista, Enrique Correa Sada, argumentó que, ante los hechos de violencia registrados en distintos planteles educativos del país, se ingresó la iniciativa de Ley de Protección y Seguridad de la Comunidad Educativa del Estado de Querétaro, denominada “Escuelas Seguras, Docentes Protegidos”.
El objetivo es fortalecer las condiciones de seguridad en las escuelas y garantizar entornos seguros para estudiantes, docentes e integrantes de la comunidad escolar. Entre los principales planteamientos destaca la creación de una Unidad de Defensoría y Atención Integral del Personal Educativo, que ofrecería asesoría jurídica gratuita, atención psicológica y acompañamiento a docentes que enfrenten amenazas, agresiones o situaciones de violencia relacionadas con el ejercicio de su profesión.
«Por eso es que estamos proponiendo la creación de una defensoría jurídica y psicológica para los docentes que les permita que, cuando suceda una denuncia, ellos cuenten con una herramienta de defensa y que no sea la primera acción la suspensión del docente. Buscamos que nuestros maestros recuperen su rol social en nuestra comunidad. Por supuesto, esta iniciativa también tiene como objetivo generar alertas y protocolos más adecuados a las condiciones de cada escuela. No es lo mismo una escuela que se encuentra en una comunidad en la Sierra Gorda que las condiciones de una escuela urbana que se encuentra dentro de una zona densamente poblada y que sus condiciones de necesidad en materia de seguridad pueden ser variables por las condiciones sociales en donde se encuentran», explicó el diputado.
Alertas
Asimismo, la iniciativa contempla implementar sistemas de alerta inmediata, que permitiría a las autoridades de cada plantel solicitar auxilio prioritario a los centros de emergencia. En situaciones de riesgo inminente, las personas a cargo de las escuelas podrían activar estos mecanismos sin necesidad de esperar la autorización de una autoridad superior.
Otro de los puntos consiste en establecer agravantes para los delitos cometidos contra docentes, además de mecanismos de coordinación entre autoridades educativas, de seguridad, salud y protección civil, con el propósito de prevenir y atender oportunamente hechos de violencia.