El colectivo Animal Heroes, en colaboración con PETA Latino, interpuso un amparo contra el municipio de San Juan del Río por la autorización de la corrida de toros programada dentro de la Feria 2026, al señalar que el uso de instrumentos de tortura contra los animales viola la Constitución Mexicana y la Norma Oficial Mexicana (NOM) 033, informó Jerónimo Sánchez, director general de Animal Heroes.
Precisó que el recurso legal busca específicamente impedir el uso de objetos como puyas, banderillas, espadas y estoques durante el espectáculo taurino. El activista recordó que la organización ha promovido diversos amparos en distintas entidades del país, logrando suspensiones en municipios como Querétaro, San Juan del Río y Tixkokob, Yucatán.
Cadena de eventos
Explicó que, en esos casos, las suspensiones otorgadas por jueces federales se enfocaron únicamente en prohibir el uso de instrumentos de tortura, situación que derivó posteriormente en la cancelación de los eventos por decisión de las propias empresas taurinas.
Aseguró que los argumentos jurídicos de los amparos se basan en el artículo cuarto constitucional, relacionado con la protección y bienestar animal, así como en la NOM-033, la cual regula el sacrificio humanitario de animales. Asimismo, indicó que la organización considera que las corridas violentas incumplen dicha norma, al aplicar procedimientos que generan sufrimiento a los toros utilizados en los espectáculos.
A la espera
El director de Animal Heroes afirmó que esperan obtener una resolución inicial sobre el amparo el próximo martes, confiando en que el juez federal otorgue la suspensión provisional para impedir el uso de instrumentos de tortura durante la corrida prevista en San Juan del Río. Agregó que en caso de que la suspensión no sea concedida, continuarán fortaleciendo los recursos legales con antecedentes de otros casos donde sí se les otorgó la razón jurídica.
Equilibrio legal
Jerónimo Sánchez también hizo referencia al caso de Tixkokob, Yucatán, donde afirmó que un juez federal ya dio vista al Ministerio Público por presunto desacato de autoridades municipales, luego de que no se cumpliera una suspensión relacionada con espectáculos taurinos. Detalló que, de acuerdo con el proceso judicial, el presidente municipal de esa demarcación podría enfrentar sanciones económicas, inhabilitación e incluso consecuencias penales por incumplir una orden federal.