La discusión de la nueva ley de aguas en Querétaro se retrasará hasta finales de septiembre, una vez que concluyan los informes de gobierno y las glosas legislativas, informó la diputada presidenta de las comisiones unidas, Andrea Tovar Saavedra. Aunque en semanas previas se había dicho que las mesas de trabajo comenzarían en agosto, la legisladora indicó que aún faltan algunas dependencias por emitir sus observaciones al proyecto, por lo que el proceso tendrá que retrasarse.
Una vez que se integren todas las observaciones en un documento, serán compartidas con los 14 integrantes de las comisiones unidas para que exista claridad sobre los temas que deberán abordarse en las mesas de trabajo. De igual forma indicó que aún debe sostener reuniones con autoridades federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para revisar aspectos relacionados con el agua de competencia federal, los lineamientos y la armonización con la Ley General de Aguas.
«Ya tuvimos acercamiento con todas las autoridades estatales, ya tenemos casi todas sus observaciones, nos faltan dos. Una vez que tengamos todas las observaciones y que las podamos tener en un documento completo, ahora sí empezaremos las mesas de trabajo de manera formal. Ahora bien, tenemos el informe de la Legislatura, después el informe del Gobernador, tenemos las glosas, entonces se nos complica un poco la agenda para todos los legisladores, pero yo espero que pasando las glosas podamos hacer estas mesas de trabajo. Yo espero que en septiembre ya con esta información de las observaciones que hicieron las autoridades habiéndosela compartido a mis compañeros, pues que todos tengan claridad de qué es lo que vamos a tratar en las mesas de trabajo y también por ahí tenemos unas reuniones pendientes con la CONAGUA, sobre todo con CONAGUA federal por el tema de los lineamientos, y me parece que va a ser esta semana cuando tengamos esa reunión», destacó Andrea Tovar Saavedra.
Puntos clave
La diputada explicó que uno de los principales puntos de revisión consiste en delimitar las competencias entre los gobiernos federal y estatal, con el objetivo de evitar que la legislación local invada atribuciones federales y, al mismo tiempo, garantizar que el nuevo ordenamiento pueda ser publicado y aplicado sin enfrentar posteriores impugnaciones.
Señaló que también deberá revisarse la responsabilidad de las distintas instituciones y las fuentes de financiamiento para ejecutar las acciones previstas en la ley, así como actualizar criterios relacionados con el desarrollo sustentable del estado.
Andrea Tovar detalló que la discusión de la nueva legislación no se limitará al reconocimiento del derecho humano al agua, sino que deberá establecer mecanismos que permitan llevarlo a la práctica; por ello, deberá analizarse la disponibilidad del recurso, la recuperación de los mantos acuíferos, la generación de zonas de recarga, la conservación de áreas naturales protegidas y las acciones necesarias para garantizar el abastecimiento a la población.
