El plazo para que el Poder Ejecutivo envíe las observaciones sobre el dictamen de la ley de identidad de género concluye el próximo martes 29 de septiembre y, en caso de que no dé respuesta, se pedirá su publicación, afirmó Andrea Tovar Saavedra, diputada local de Morena y vicepresidenta de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro.
El gobierno estatal cuenta con un plazo de 15 días naturales para emitir sus observaciones al dictamen aprobado en el Pleno del Congreso y, en caso de no tener observaciones, contará con 15 días adicionales para su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.
En caso de que la publicación no se realice en dicho plazo, la presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo tiene la facultad para ordenar su publicación en los periódicos de mayor circulación en el estado.
Cambio de dirección
Al considerar que la actual mesa directiva concluye su gestión el 30 de septiembre, correspondería a la siguiente, encabezada por la diputada del PRI, Adriana Meza, ordenar su publicación. Pero, en caso de que la orden no llegue desde la mesa directiva, se analizaría la posibilidad de que se haga desde la vicepresidencia que encabezará ella, afirmó Tovar Saavedra.
«No, yo creo que es una responsabilidad que como Mesa Directiva tenemos que tener y también tenemos que platicar entre los integrantes y, en caso de que la diputada Adriana, como presidenta, no esté de acuerdo, buscar otra opción, como hacerlo por parte de la vicepresidencia o ver qué es lo que se puede hacer; tendríamos que explorar esa posibilidad. Yo voy a ser vicepresidenta», destacó Andrea Tovar.
Ruta
Tovar Saavedra consideró que la Mesa Directiva tiene la responsabilidad de definir una ruta para evitar que el dictamen quede sin efectos por falta de publicación, por lo que, si la presidencia de la mesa no estuviera de acuerdo con impulsar el procedimiento, plantearía explorar alternativas desde la vicepresidencia.
Es de recordar que el dictamen alternativo de la ley de identidad de género fue aprobado por el Congreso local el pasado 19 de agosto, después de que el Ejecutivo estatal formuló observaciones al proyecto aprobado originalmente en abril. La nueva resolución fue avalada con 15 votos a favor y 10 en contra.