Al anunciar que el recinto legislativo ya cuenta con un protocolo para atención de expresiones sociales en el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, el presidente de la Mesa Directiva, Sinhué Piedragil Ortiz, dijo que no descartan el uso de la fuerza pública cuando ocurran manifestaciones en el Congreso.
La Mesa Directiva del Congreso explicó que este protocolo surge en respuesta a una exigencia de la ciudadanía de que se cuente con lineamientos para la atención de protestas y manifestaciones para evitar confrontaciones que deriven en violencia entre los elementos de seguridad y los ciudadanos. Dicho protocolo establece que el primer respondiente ante una protesta será el titular de Atención Ciudadana del Congreso, quien, ante cada situación específica, determinará en conjunto con otras autoridades legislativas cuál será el actuar a seguir.
«Ya va a haber un servidor público responsable de medir una posible manifestación. Segundo, no había, como no existía ningún protocolo, ningún tema de que algún servidor público los atendiera. No hay. Entonces todo se actuaba bajo este como se había dado en las anteriores legislaturas. Entonces, en este caso, el mismo compañero Álvaro de Atención Ciudadana, él va a ser, digamos, el que atienda en un primer momento a estos manifestantes y ver, ahí medir cuál es la situación que tal vez que pueda, como sucede no solamente aquí, en todos lados, una comisión que pueda ser atendida o que se pueda, no sé, ahí hay un procedimiento que se va a tener que evaluar entre un conjunto también de servidores públicos y su servidor. En su momento sí, es por eso que es como vamos midiendo, se va escalando estos temas, pero lo que estamos nosotros apostando es que se atienda a la gente, se medie el tema, y tampoco depende de nosotros el escalamiento de estos temas; es lo que no queremos que llegue, pero si no se les atiende a la gente, si no se les recibe, pues tiende a escalar esto», resaltó Sinhué Piedragil Ortiz.
Medidas adicionales
Piedragil Ortiz aseguró que este protocolo tiene el objetivo de privilegiar el diálogo, garantizar derechos y mantener el orden. El documento también contempla un sistema de evaluación progresiva de riesgos, mediante el cual se podrán activar medidas adicionales en caso de que las manifestaciones escalen.
El protocolo tiene carácter obligatorio para todas las áreas del Poder Legislativo y busca equilibrar el derecho a la libre expresión y manifestación con la responsabilidad institucional de salvaguardar la integridad de trabajadores, visitantes y los propios manifestantes.
Capacitación
Asimismo, se anunció un programa de capacitación continua para el personal del Congreso en temas de derechos humanos, mediación, perspectiva de género, protección civil y atención a eventos masivos, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones.
Finalmente, Sinhué Piedragil informó que no se aplicaron sanciones al interior del Congreso tras los hechos suscitados el 1 de abril, donde hubo agresiones a manifestantes. Asimismo, indicó que no han recibido queja alguna por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) por estos hechos.