Integrantes de la Coalición Movilidad Segura Querétaro solicitaron al dirigente estatal del PAN, Martín Arango, intervenir ante el retraso del diputado local Enrique Correa Sada en el proceso de aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, por lo que pidieron que el dictamen se vote antes del 30 de octubre.
Señalaron que, desde la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en mayo de 2022, el legislador ha mantenido sin avances las iniciativas para armonizar la legislación estatal, pese a los compromisos previos y al trabajo realizado con organizaciones civiles y dependencias del gobierno de Querétaro.
Sin embargo, durante la sesión de comisiones unidas del pasado 19 de octubre, Correa Sada presentó 266 observaciones elaboradas con herramientas de inteligencia artificial, enfocadas principalmente en aspectos de redacción, puntuación y sintaxis, como una forma de retrasar la discusión e impedir que se votara el dictamen.
«Todo lo anteriormente expuesto, la Coalición Movilidad Segura Querétaro formula las siguientes solicitudes formales al Comité Directivo Estatal y a la Coordinación Parlamentaria del PAN Querétaro. Uno, intervención e instrucción institucional. Hacemos un llamado a la dirigencia para que exhorte formalmente al diputado Enrique Correa Sada a cesar de forma inmediata las tácticas de bloqueo y dilación en comisiones unidas y en el pleno. El dictamen debe debatirse, sí, pero la fecha del 30 de octubre debe ser vinculante. No hay razones para nuevo aplazamiento. Dos, respeto a los consensos con el Ejecutivo estatal. Solicitar que se convalide trabajo técnico previamente elaborado por la Secretaría», explicó.
El costo de no hacer nada
Los integrantes de la coalición advirtieron que la falta de aprobación de la ley mantiene pendientes medidas para mejorar la seguridad vial, como la homologación de límites de velocidad, las auditorías viales y el desarrollo de infraestructura segura. Ya que, de acuerdo con las cifras presentadas por las organizaciones, en Querétaro se registran alrededor de 8 mil 869 siniestros viales al año en zonas urbanas y más de 350 personas fallecen anualmente por esta causa.
Finalmente, anunciaron que la próxima semana presentarán una solicitud ante el Órgano Interno de Control de la Legislatura para que se revisen y corrijan observaciones similares en tres instrumentos legislativos previamente aprobados y advirtieron que señalarán durante los próximos procesos electorales a los perfiles que obstaculizan las medidas para proteger la vida de las personas usuarias de las vialidades.