En reunión de comisiones unidas con la participación de colectivos ciudadanos, se definieron los plazos forzosos para la dictaminación de la Ley de Movilidad, estableciendo como fecha límite el 13 de mayo para que dependencias gubernamentales y ayuntamientos emitan observaciones, mientras que el dictamen deberá resolverse, a más tardar, el 19 de mayo.
Durante la mesa de trabajo, representantes de organizaciones civiles señalaron que el proyecto de dictamen ha sido construido a lo largo de varios meses con la participación de colectivos, por lo que consideran que el contenido ya cuenta con respaldo ciudadano.
No obstante, advirtieron que el proceso se encuentra detenido en el ámbito legislativo, donde persisten dificultades para alcanzar acuerdos y avanzar en los procedimientos parlamentarios.
«De hecho, este dictamen se estuvo trabajando con los colectivos ya desde hace prácticamente un par de meses. Los últimos meses estuvo un poquito más intensificado. El planteamiento, más allá del contenido del dictamen que sí está avalado por parte de los colectivos —eso es evidente—, lo que se hizo principalmente en esta mesa es hacer un llamado a los diputados a que hagan su chamba. Ya las organizaciones y los colectivos presentaron sus propuestas; realmente el cuello de botella está en las diputaciones, en que se pongan de acuerdo en los procesos y que, ya con la ruta que señaló Estefanía, vemos cierta certeza a efecto de que ya se tiene una fecha límite para hacer comentarios por parte de dependencias y ayuntamientos; ya se tiene una fecha establecida para poderla dictaminar. Pues, ya vemos como que más claridad a efecto de que, como comentó Mar en la reunión, esta ley sí o sí tiene que salir en el transcurso de esta presidencia. Ya no podemos permitir, como colectivos y como ciudadanía organizada, que sigan aventando el bote o que vayan metiendo esta iniciativa a un cajón», destacó César Zafra.
Retraso injustificado
Los activistas destacaron que la definición de fechas concretas da certidumbre al proceso y reduce el riesgo de que la iniciativa sea postergada indefinidamente, aunque insistieron en que la ley debe aprobarse dentro del actual periodo de la presidencia de la Mesa Directiva, al considerar que no existen argumentos para seguir retrasando su resolución.
Asimismo, hicieron un llamado a los legisladores, así como a las áreas técnicas del Congreso y a titulares de dependencias estatales y municipales, para que cumplan en tiempo y forma con la revisión del documento y la emisión de observaciones, ya que cualquier retraso podría afectar el cumplimiento del calendario acordado.
Señalaron que la aprobación de la Ley de Movilidad permitiría atender problemáticas estructurales en materia de seguridad vial, particularmente en el diseño y construcción de infraestructura urbana. Señalaron que en los últimos años se han desarrollado calles, repavimentaciones y nuevos proyectos urbanos que no cumplen con criterios de seguridad vial, lo que, advirtieron, perpetúa condiciones de riesgo para la población.
