La ley de identidad de género no debe regularse a través de una reforma al Código Civil, al rebasar el ámbito administrativo, por lo que debe resolverse caso por caso a través de juicios de amparo, afirmó la diputada del PAN, Juliana Hernández Quintanar.
La legisladora aseguró que esta ley va más allá de un trámite administrativo, al afirmar que se trata de un tema social, de principios y de visión, por lo que reiteró su rechazo a que el cambio de identidad de género se regule mediante una reforma al Código Civil.
Indicó que, aunque aún no ha recibido el dictamen alternativo aprobado por la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, mantiene la postura que ha expresado desde el inicio de la discusión, pues considera que la modificación de la identidad legal de una persona tiene efectos que trascienden el ámbito registral.
Puntos sin resolver
Explicó que, si bien las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo corrigen aspectos de técnica jurídica y armonización con otras leyes, persisten temas que dijo, no han sido resueltos, como la posible contraposición de derechos y las implicaciones en otros ámbitos como el deportivo, familiar y de reinserción social.
«Es algo muy particular, pero que trasciende porque es la identidad de una persona; que trasciende a lo deportivo, que trasciende a lo social, que trasciende a lo familiar. Por ejemplo, otra cuestión dentro de las observaciones del Ejecutivo es que en esa legislación no se establecía qué iba a pasar con otro tipo de actas como actas de nacimiento reconociendo como padre o como madre de esa persona, acta de matrimonio, acta de divorcio, el reconocimiento de hijos, etcétera. Es un tema que tiene muchas consecuencias sociales, que considero que no debe de registrarse en el Código Civil, más bien se debe de atender a casos particulares, procesos particulares judiciales como se hace ahora. Yo sé que lo quieren rápido, fácil, pero creo que es un tema tan trascendente que puede generar consecuencias, genera yuxtaposición de derechos que debe de atenderse a casos particulares, no como si fuera un trámite general», resaltó la diputada.
Hernández Quintanar reiteró que este tipo de asuntos no deben abordarse mediante una legislación de carácter general, sino analizarse de forma individual a través de los mecanismos judiciales existentes.
Sin cambios
En ese sentido, insistió en que el procedimiento debe mantenerse como opera actualmente, mediante la promoción de amparos y la revisión de cada caso en particular, al señalar que se trata de decisiones con consecuencias jurídicas y sociales que requieren un estudio específico.
Aunque dijo conocer el documento con las observaciones realizadas por el gobierno estatal, como la armonización con la Ley de Hacienda respecto al cobro del trámite de rectificación, dijo que son cuestiones que pueden corregirse sin mayor dificultad; sin embargo, insistió en que esos cambios no modifican el fondo de su postura, ya que el debate no se limita a un procedimiento administrativo, sino que involucra el impacto que la medida tendría en distintos ámbitos de la sociedad.