La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó su respaldo a la Ley Chepe, al considerar que es necesario fortalecer las sanciones para menores de edad que participan en delitos de alto impacto; sin embargo, señaló que dichas medidas también deben contemplar responsabilidades para los padres de familia cuando exista omisión en el cuidado y supervisión de sus hijos.
El dirigente nacional de la organización, Israel Sánchez Martínez, señaló que la violencia protagonizada por adolescentes requiere una respuesta integral y no únicamente punitiva, al señalar que la corresponsabilidad familiar es un elemento indispensable para atender el incremento de la participación de menores en actividades delictivas, especialmente en delitos vinculados con la delincuencia organizada.
Advirtió que muchos padres desconocen las actividades que realizan sus hijos debido a las largas jornadas laborales y a la deserción escolar, fenómeno que aseguró se agravó después de la pandemia, lo que incrementa el riesgo de que sean reclutados por grupos criminales.
«Lo que estamos viendo es que sí debe de haber una corresponsabilidad de los padres de familia, es algo que siempre hemos dicho. En un delito mayor sí hay una corresponsabilidad de los padres de familia, el padre de familia no puede decir ‘es que no me enteré’. En un ámbito de un contexto de violencia que vivimos en el país, y además déjenme comentarles, los delitos mayores de crimen organizado, lo vimos en el mes de febrero cuando fue la captura del Mencho, los que más participaron en hechos violentos fueron menores de edad. Entonces el padre de familia a veces no está enterado. Lo que queremos también es que entiendan que es una situación que se ha venido después de la pandemia, y lo hemos estado insistiendo, a que hay muchos infantes que no van a la escuela, que dicen que van a la escuela; el padre de familia se la pasa entre 6 y 8 horas trabajando en jornadas muy largas y a veces no sabe lo que está haciendo el niño. Tenemos hoy en día, al cierre del ciclo escolar pasado, 9 millones de niños que ya no regresaron a la escuela. Por supuesto que necesitamos que los padres de familia se involucren y que sean corresponsables de los hechos», afirmó Israel Sánchez Martínez.
Garantizar procesos
Aunque respaldó la aplicación de sanciones más severas, Sánchez Martínez puntualizó que el marco jurídico debe garantizar procesos de reinserción e insistió en que cualquier reforma debe acompañarse de campañas de sensibilización dirigidas a las familias, fortalecimiento de la cultura de la legalidad y políticas públicas enfocadas en prevenir la violencia desde el hogar y las escuelas.
El dirigente nacional también se pronunció a favor de la Ley Kuri, que restringe el uso de celulares y redes sociales en las escuelas, al señalar que la ley no surgió de manera unilateral, sino de un proceso de diálogo entre sociedad civil, padres de familia, docentes y autoridades, en el que la organización participó.
Destacó que la Ley Kuri ha trascendido el ámbito estatal y actualmente forma parte de la agenda nacional, al ser promovida o analizada en otras entidades. Además, consideró que el éxito de este tipo de medidas depende de que las familias conozcan las reglas y las consecuencias de su incumplimiento.