Movimiento Ciudadano ingresó una iniciativa de ley para ‘blindar’ programas sociales contra uso electoral en Querétaro. La propuesta busca reformar la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, con el objetivo de impedir que los programas y recursos sociales sean utilizados con fines político-electorales.
La propuesta, de la autoría del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, fue ingresada al Congreso local por los diputados naranjas, Teresita Calzada y Paul Ospital, y plantea modificar los artículos 20, 27, 27 Quáter, 50, 51 y 66 de la legislación estatal para establecer mayores controles sobre la operación, difusión y entrega de programas sociales.
También se busca blindar los programas sociales para que puedan ser condicionantes para una afiliación política, apoyo hacia algún partido o candidato. Contempla prohibir que los programas sociales incorporen nombres, rostros, frases, colores, logotipos, escudos o cualquier otro elemento que permita identificar a un partido político, movimiento o personaje político.
«Hoy tenemos ya muchos años viendo un patrón de irregularidades y sobre todo perversidades al momento de la entrega y condicionamiento de los programas sociales en México a cambio de un voto o del clientelismo electoral. Y repito, no existe cosa más miserable y perversa que aprovecharse de la necesidad extrema, en algunos casos, de la gente para aprovecharse de ella. El día de hoy, la iniciativa que presentamos pretende reformar la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, que ya contempla la neutralidad de los programas sociales; sin embargo, no describe cómo. Aquí estamos proponiendo que cualquier tipo de logotipo, frase, color, cualquier indicio que sea indicativo de un partido político o de un personaje político queda estrictamente prohibido. Se establecen metodologías a seguir en tiempos no electorales y tiempos electorales; se establecen también sanciones que pueden llevar desde lo administrativo incluso hasta lo penal», explicó.
Padrones públicos
La iniciativa también contempla que los padrones de beneficiarios de los programas sociales sean públicos y transparentes, además de establecer mecanismos para evitar que los gobiernos estatal y municipales manejen registros diferenciados que puedan facilitar la manipulación de beneficiarios con fines electorales.
La bancada naranja aclaró que los programas sociales no deberán suspenderse durante los procesos electorales, debido a que constituyen derechos sociales; sin embargo, se plantea que los apoyos puedan adelantarse entre dos y tres meses antes de la veda electoral para garantizar su continuidad sin que su entrega pueda utilizarse con fines proselitistas.
Durante la veda, además, se establecerían restricciones para dar de alta o de baja beneficiarios, crear nuevos programas o realizar actos públicos que puedan vincular los apoyos con algún partido o funcionario.
Sanciones
La propuesta contempla sanciones administrativas y penales para quienes utilicen indebidamente los programas sociales, las cuales podrían alcanzar entre seis meses y nueve años de prisión, dependiendo de la conducta y las circunstancias.
La iniciativa busca que las restricciones sean aplicables durante todo el año y no únicamente durante las campañas o las vedas electorales, con agravantes cuando las conductas se cometan durante un proceso electoral.
Colosio Riojas señaló que el blindaje también alcanzaría apoyos entregados durante situaciones de emergencia, como inundaciones u otros desastres, cuando estos sean financiados con recursos públicos. El objetivo sería impedir que despensas, apoyos, infraestructura o cualquier beneficio gubernamental lleve la imagen o el nombre de un funcionario o partido político ajeno a la identificación institucional del programa.