Diputados de Morena presentaron una iniciativa ciudadana para reformar al Código Ambiental del Estado de Querétaro y establecer una regulación específica para los centros de datos que operan o buscan instalarse en la entidad, ante los posibles impactos ambientales, particularmente en materia de agua, y los vacíos legales que actualmente existen.
La propuesta, impulsada por integrantes del colectivo Voceras de la Madre Tierra y los diputados Eric Silva y Claudia Díaz, de Morena, plantea establecer reglas para la instalación, ampliación y operación de estos complejos, que han tenido un crecimiento importante en Querétaro y que, de acuerdo con las activistas, representan una preocupación ante el escenario de estrés hídrico que enfrenta el estado.
Opacidad
Teresa Roldán sostuvo que durante meses el colectivo ha realizado solicitudes de información a distintas autoridades y ha encontrado vacíos, respuestas contradictorias y falta de información verificable respecto al número de centros de datos instalados en Querétaro, sus características y los impactos acumulativos que generan.
Destacó que Querétaro concentra el 70% de los centros de datos instalados en el país, una concentración que, dijeron, debe analizarse frente a los problemas de abasto y estrés hídrico que enfrentan distintas comunidades. Por ello, el colectivo insistió en que debe establecerse una pausa en la autorización de nuevos centros de datos hasta contar con una regulación específica, información pública suficiente y mecanismos efectivos de participación ciudadana.
Agua
La activista cuestionó que las declaraciones de las autoridades afirmen que este tipo de instalaciones no requieren una cantidad importante de agua, cuando aseguran que la ubicación aprobada demuestra otra cosa; tal es el caso del campus de Cloud HQ que, dijeron, se construye cerca de los pozos de abastecimiento del municipio de Colón.
Por su parte, la activista Lorenia Trueba dijo que el problema no consiste únicamente en conocer cuánta agua utiliza cada instalación de manera individual, sino en determinar el impacto acumulado que puede generar la concentración de estos proyectos en determinadas regiones del estado.
El diputado Eric Silva Hernández explicó que actualmente el Código Ambiental no reconoce a los centros de datos como una figura específica, lo que ha permitido que su regulación quede sujeta a interpretaciones sobre si se trata de industrias o empresas de servicios. Esta situación, señaló, ha generado que algunos proyectos no estén obligados a presentar una manifestación de impacto ambiental. La iniciativa busca corregir este vacío mediante la reforma de cuatro artículos del Código Ambiental y establecer que toda instalación, ampliación o infraestructura relacionada con centros de datos sea sometida obligatoriamente a una evaluación de impacto ambiental.
Consenso comunitario
La propuesta también contempla que las comunidades sean consultadas de manera previa a la autorización de nuevos proyectos, con reglas claras sobre cuándo y cómo deberá realizarse este procedimiento. La consulta no deberá efectuarse cuando la inversión ya haya sido autorizada, sino antes de determinar la viabilidad del proyecto, de manera que la población pueda conocer sus características, posibles beneficios y riesgos.
Asimismo, se propone obligar a las empresas a transparentar información relacionada con los recursos naturales que utilizarán, incluyendo consumo de agua y energía eléctrica, así como las características de sus sistemas de enfriamiento y capacidad de operación.
La iniciativa también contempla que los centros de datos presenten reportes anuales obligatorios, en lugar de dejar la entrega de información a la voluntad de las empresas. Estos informes deberán ser verificables por las autoridades mediante inspecciones que permitan corroborar que los datos proporcionados correspondan con su operación real.