Se vigilarán las plantas tratadoras de los desarrollos inmobiliarios cercanos a la presa de El Batán, indicó José Luis Peña Río, titular de la Procuraduría del Medio Ambiente de Querétaro. Explicó que a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Comisión Estatal del Agua (CEA) les corresponde revisar el origen de las descargas que se han identificado en la presa.
Aseguró que trabajan en coordinación los tres niveles de gobierno, pues todas las actividades que se realicen deben estar reguladas al ser un área natural protegida. Mencionó que las sanciones por actividades no reguladas van desde los $60 mil pesos hasta los $3 millones 100 mil pesos.